Solicitan suspender a viceintendente de Cambiemos por corrupción

Tras una serie de semanas complicadas para el Gobierno, el oficialismo aspiraba lograr conseguir cierta calma al anunciar una serie de medidas destinadas a combatir la inflación que aqueja a la sociedad argentina. En pleno desarrollo de la campaña electoral para la presidencia, Cambiemos sigue apuntando a la polarización con el kirchnerismo para construir su discurso electoral, mientras que su imagen en las encuestas cae cada vez más.

Sin embargo, la realidad dista mucho de ser ideal para Cambiemos. Además de varias derrotas electorales y la inestable situación económica producto de una alta inflación y un dólar totalmente oscilante, debemos sumarle ahora un nuevo escándalo de corrupción por parte de uno de sus representantes. Se trata en este caso de José Altamirano, viceintendente de la ciudad correntina de San Roque, quien fue denunciado penalmente por corrupción y está acusado de haber cobrado un sueldo como empleado del Senado nacional mientras percibía otro como presidente del Concejo Deliberante de esta ciudad correntina.

Ante dicha acusación, la concejal peronista Adriana Carmagnola, quien solicitó el juicio político del viceintendente local de Cambiemos, presentó un pedido de suspensión que contó con un amplio respaldo del espectro político local. Así, la legisladora buscará el juicio político bajo la sospecha de haber cometido actos de corrupción desde su rol en la administración pública.

Según la presentación, Altamirano fue denunciado ante la fiscalía de Instrucción de Goya por cobrar doble sueldo entre el Concejo Deliberante y el Senado, donde figuraba como empleado en el despacho del legislador nacional Pedro Braillard Poccard.

Esta causa está ahora en manos del juez de Instrucción de Goya, Darío Ortiz, en «autos caratulados ´Altamirano José Roberto por supuesto fraude a la Administración Pública Art. 174 inc. 5 San Roque´», en el expediente PXG 31996/19. El denunciado ya fue citado para declarar el 19 de junio en calidad de imputado.

La Justicia deberá determinar cómo es que Altamirano cumplía sus funciones en el Concejo mientras que mantenía, sin pedir licencia, su trabajo en la asociación local de agua potable AVESA. De acuerdo a la legislación vigente, su función pública es prioridad y no puede ser superada por otra actividad, aunque sea privada, en su jornada laboral.

Sin embargo, en el caso del viceintendente, popularmente conocido como el «viceintendente ñoqui», estaríamos hablando del cobro de un triple sueldo, pero la incompatibilidad estaría en que ese trabajo privado le restaría tiempo a su responsabilidad como autoridad máxima del Concejo Deliberante.

El Civico

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