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La Corte Suprema de Justicia falló a favor de las clases presenciales

Los miembros entendieron que se violó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia finalmente falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en torno a la presencialidad y determinó que el gobierno porteño tiene la autonomía para tomar las decisiones que crea conveniente. Esto significó una gran noticia para Horacio Rodríguez Larreta quien podrá mantener abiertos los colegios y un duro revés para Alberto Fernández tras anunciar el DNU.

Con el voto de los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el máximo tribunal hizo lugar a la demanda que había planteado el 16 de abril la Ciudad de Buenos Aires semanas atrás cuando judicializó el DNU que estableció el presidente Alberto Fernández al no querer obeceder la medida de la suspensión de la presencialidad escolar. Por su parte, Elena Highton de Nolasco se abstuvo de votar.

«El debido resguardo del federalismo constitucional exigía que el Estado Nacional justificara de manera suficiente el ejercicio en el caso de su específica competencia sanitaria en relación a la concreta orden de suspender del dictado de clases educativas presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en la jurisdicción de la actora», comenzaron destacando Maqueda y Rossatti.

Sumado a lo anterior, agregaron: «En conclusión, en el examen de legalidad, la falta de justificación suficiente para ejercer una competencia sanitaria que alcance a suspender la modalidad presencial de la educación en la Ciudad deja al descubierto que, en este caso, el Estado Federal en lugar de ejercer una atribución propia invadió una que le resulta ajena».

Por su lado, Rosenkrantz resaltó: «Resulta claro que la decisión de si la escolaridad debe realizarse bajo la modalidad presencial o virtual en los establecimientos de educación inicial, primaria y secundaria dependientes de la Ciudad de Buenos Aires o regulados por ella corresponde, en principio, a ese estado y no a la Nación. En esta causa, la Ciudad de Buenos Aires ha proporcionado elementos de juicio que indican que el impacto interjurisdiccional de la actividad regulada es meramente conjetural».

Por último, Lorenzetti sumó: «Hay un derecho humano a la educación que debe ser satisfecho en la mayor medida posible porque es el que define las oportunidades de desarrollo de una persona. El Estado no tiene facultades para limitar el derecho de una persona para ejercer su derecho a la educación, excepto cuando puede constituirse en una causa de daños a terceros».

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