Luego de la judicialización del DNU por parte de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno nacional ayer a la noche presentó ante la Corte Suprema las razones y estadísticas por la cual decidieron tomar las medidas restrictivas que se implementaron. El problema central del decreto es la presencialidad escolar, donde ambos gobiernos tienen posturas totalmente opuestas.
Según informó Télam, la presentación fue realizada a la medianoche, cuando vencía el plazo de cinco días para presentar la fundamentación, por miembros de la Procuración del Tesoro de la Nación que agrupa a los abogados del Estado Nacional, junto con integrantes del equipo jurídico de la jefatura de Gabinete. Entre las principales razones esgrimidas en la presentación, el Gobierno indicó que en la zona del AMBA se dan actualmente más del 50% de los nuevos casos de coronavirus.
También se detalla que el ritmo de contagio es superior al que se venía experimentando y mayor al que se registra en otras áreas de alto riesgo epidemiológico en el país. Por otra parte, se advierte que la saturación del sistema de salud tiene como consecuencia primordial el aumento de las cifras de mortalidad. Asimismo, rechaza el argumento esgrimido por el Gobierno porteño de que la educación en forma virtual no resulte adecuada y suficiente para la actual situación epidemiológica.
También descarta que la presencialidad escolar tenga una incidencia mínima en la propagación del COVID-19. Por otra parte, el Gobierno rechaza que el decreto haya sido dictado a los fines de cambiar el centro de la atención pública y que pueda considerarse un fracaso del Gobierno nacional su plan de adquisición de vacunas contra el virus, tal como argumentó el gobierno porteño.
En tanto, se pide que se cite a la provincia de Buenos Aires dado que la circulación no afecta solo a la ciudad de Buenos Aires. Se rechaza también que el decreto afecte la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ni que lesione derecho alguno, así como que haya venido a subvertir el orden constitucional. En la presentación, el Gobierno hace hincapié además en la incidencia de la presencialidad en el transporte público.
