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¡Buscan suspender la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Chaco! Una jueza hizo lugar a una cautelar

Los grupos feministas catalogaron el pedido como antidemocrático.

Interrupción Voluntaria del Embarazo

La jueza a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 19 de Resistencia, Marta Beatriz Aucar de Trotti, busca suspender la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ya que la cataloga como que va en contra de la Constitución provincial. La cautelar fue realizada luego del pedido de un grupo de personas. Las organizaciones feministas respondieron a la brevedad donde dijeron que es algo antidemocrático.

Es el primer pedido de suspender la Ley en alguna provincia desde que fue dictada. «Este tipo de cautelares evidencian la trinchera antidemocrática, que suspende el ejercicio de un derecho y la implementación de una política pública sanitaria sin hacer un control mínimo, serio, de admisibilidad y procedencia de la acción», comentó la abogada Soledad Deza en Télam.

La abogada aludió la cautelar tras mostrarse notablemente en contra del pedido. Por el otro sector representado por la jueza alegan que «el art.15 inc.1 de la Constitución de Chaco garantiza el derecho a la vida y a la libertad, desde la concepción, a todas las personas y que, como se trata de una competencia concurrente de la provincia con la Nación, debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana».

Aucar de Trotti además señaló que si bien puede existir una presunción de validez ante la Ley que se cuestiona, de la simple lectura de las restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, se requiere de un mayor análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre la misma.

Por último, la militante feminista agregó: «Es una vergüenza jurídica propia del activismo conservador que se alía para mudarse al Poder Judicial cuando perdió en el debate legislativo. Previsible la demanda, pero no deja de sorprender la connivencia judicial al desconocer la supremacía constitucional y prestarse a este juego destinado al fracaso, pero que tanto daño hace a la sociedad y las instituciones».

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