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Santiago Cafiero respaldó los derechos de Amado Boudou y cargó contra la Corte

El jefe de Gabinete nacional remarcó que el Tribunal Supremo «debe hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades».

santiago cafiero

Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete nacional, respaldó los derechos del ex vicepresidente Amado Boudou. Por otro lado, la publicación del titular de los ministros del país arremetió contra la Corte Suprema a quien instó a responsabilizarse de un proceso poco transparente. El máximo Tribunal de Justicia había rechazado ayer todos los recursos presentados por la defensa

«Amado Boudou, como cualquier otro ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados», señaló el jefe de Gabinete de la Nación respaldando a Amado Boudou no como exfuncionario kirchnerista, sino como argentino y basándose en los derechos que el Estado debe garantizarle. Por otro lado, Cafiero también atacó directamente la causa que involucra al exvicepresidente, quien fuera el primero con sanción firme: «La Corte debía hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades».

La crítica del jefe de Gabinete al Poder Judicial no se limitó a la Corte, sino que también se refirió al sistema íntegro: «Hasta que no logremos un funcionamiento claro y honesto del Poder Judicial en su conjunto, la sociedad entera será rehén de la duda y la desconfianza». Con respecto al proceso legal, uno de los claros pedidos de la defensa del exvicepresidente, Cafiero fue muy preciso en su exigencia: «Necesitamos juicios justos para volver a confiar».

De esta forma, el funcionario kirchnerista amplió su visión sobre un tema que divide profundamente al espectro político y la opinión pública en general. Mientras que gran parte de la oposición se aferra a «la corrupción K», el oficialismo exige procesos democráticos y habla de «persecuciones políticas» durante el macrismo.

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia que se encontró en el ojo de la tormenta durante este año por el proyecto de Reforma Judicial que contemplaba una ampliación del tribunal máximo. Muchos funcionarios apuntaron que este fallo sería una respuesta a esa medida política. Mientras que parte de la opinión pública habló de «una revancha». La nota instaba a la defensa a pagar los $5.000 que cuesta hacer un reclamo de queja y tildó al pedido de «inadmisible».

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