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Ley de ética: el nuevo desafío del Ministerio de Justicia bonaerense

A partir de esta semana comenzaron a trabajar regularmente los 7 equipos técnicos integrados por más de 70 actores académicos, de la sociedad civil y los poderes del Estado.

Ministerio de Justicia

Con el objetivo contar, en un plazo estimado de tres meses, con un proyecto de Ley de Ética Pública, el Ministerio de Justicia bonaerense encabezado por Julio Alak, puso en marcha en octubre pasado este mecanismo institucional participativo y progresista. En este sentido, la titular de la Oficina de Transparencia Institucional(OTI), Ana Laura Ramos, destacó que el desafío que enfrenta el Ejecutivo provincial: «Desde 1999, cuando se sancionó la Ley de Ética Pública, hay una deuda con la población bonaerense en esta materia”

Además, la funcionaria consideró muy importante la tarea de los equipos técnicos representantes de universidades nacionales, como las universidades nacionales de Lomas de Zamora; La Matanza; San Antonio de Areco; Mar del Plata; José C. Paz; Tres de Febrero y del Noroeste, según publicó la agencia Télam.

Entre las organizaciones de la sociedad civil que participan activamente de este proyecto aparece Poder Ciudadano; Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia,; Fundación Directorio Legislativo;  Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica; Centro de Estudio para la Gobernanza y el Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento.


En tanto que los equipos integrados por Fiscalía de Estado; Tribunal de Cuentas; Contaduría General de la Provincia; Defensoría del Pueblo; Oficina Anticorrupción de Nación; presidencia de la Comisión de Legislación General del Senado; presidencia de la Cámara de Diputados y los ministerios de Gobierno; Salud; Seguridad; de las Mujeres; de Políticas de Género y Diversidad Sexual y Jefatura de Gabinete. 


Por último el proyecto de Ley impulsado por el Ministerio bonaerense de Justicia prevé, entre las propuestas más innovadoras,  la creación de una comisión interpoderes e instancias de capacitación obligatoria para quienes ejercen la función pública; campañas de visibilización, género y diversidad en forma transversal. 

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