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Provincia reabrió la negociación con los judiciales

La decisión se anunció tras disponer el aumento por decreto.

Provincia

El gobierno bonaerense resolvió la reapertura de la negociación salarial con la Asociación Judicial Bonaerense(AJB). Ante el fracaso del acuerdo anterior, se dispusiera a los judiciales hacer liquidar por decreto de la Provincia la propuesta salarial que había rechazado el sindicato. El jueves próximo el Ejecutivo provincial convocó al gremio a una mesa paritaria con el objetivo de retomar las negociaciones.

No obstante, las asambleas organizadas durante el miércoles y jueves pasado habían resuelto rechazar de forma unánime la decisión del gobierno de Axel Kicillof de mandar a liquidar por decreto el nuevo incremento salarial. Este decreto se rechazó en la mesa de negociacion encabezada por el sindicato, que planificó nuevas medidas de fuerza a partir de la próxima semana, según publicó la agencia Télam.

Por su parte, el pasado miércoles la AJB había realizado una presentación a la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, en la que se reclamaba la urgente convocatoria a la mesa de negociación salarial. El 5 de noviembre será el día clave para la concreción de las negociaciones salariales con el Ejecutivo de la Provincia.

“Como debatimos en todas las asambleas, el conflicto salarial no se iba a terminar por la decisión unilateral del gobierno provincial. La reapertura del diálogo es consecuencia de la decisión de las y los compañeros que se comprometen a participar de las asambleas y se vienen sumando a las medidas de fuerza”, manifestó Pablo Abramovich, el secretario General de la AJB, a través de un comunicado oficial.

En otro orden, la AJB salió a repudiar públicamente la decisión política y judicial de desalojar los terrenos ocupados en el predio de Guernica y condenó “un uso innecesario de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad «y especialmente la participación del ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, quien encabezó el violento desalojo al mando de 4.000 efectivos policiales. Al mismo tiempo, se sumó al reclamo al Estado nacional de una política integral de acceso a la vivienda.

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