En el marco de la huelga de hambre en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, el Tribunal Superior de dicho territorio dio a conocer dos resoluciones, cuyos puntos a destacar son: la solicitud a los magistrados para una utilización «racional» de la prisión preventiva y la recomendación acerca del arresto domiciliario para las embarazadas.
En ambas disposiciones, los jueces Eduardo de Lazzari, Daniel Soria, Esteban Genoud, Eduardo Pettigiani, Sergio Torres y la magistrada Hilda Kogan, admitieron las «graves condiciones de alojamiento» y manifestaron como una alternativa el traslado de presos al sistema federal o a ciudades del interior del país.
«La importancia del uso racional de la prisión preventiva, el uso de medidas alternativas o morigeradoras de la prisión preventiva, excarcelación extraordinaria y en su caso del sistema de monitoreo electrónico, para los supuestos en que pudieren razonablemente tener lugar, de conformidad con las leyes vigentes», expresaron los integrantes de la Corte a través del dictamen.
Además hicieron hincapié en «la absoluta prohibición de alojamiento de menores y enfermos en dependencias policiales, a lo que debe añadirse las mujeres embarazadas. Por lo tanto, le piden al Gobierno Nacional que «arbitre los medios necesarios» para que «en forma urgente» se tomen medidas respecto a la situación de quienes se hallan detenidos en comisarías que se encuentran clausuradas, con cierre o inhabilitadas.
Los fallos, nacen como una contestación al informe presentado por el Defensor de Casación Mario Coriolano, en el que denunció las graves condiciones en las que viven los presos y el aumento de la población. Cabe destacar que todo esto surge en el marco de una huelga de hambre que empezó el pasado 5 de diciembre en distintas unidades penitenciarias bonaerenses.
Dicha medida era llevada a cabo por alrededor de 9.000 detenidos de las cárceles 21 de Campana, 6 de Dolores, 2 de Sierra Chica y 15 de Batán, que denuncian superpoblación en las prisiones y hacinamiento. A su vez, exigían el beneficio de la prisión domiciliaria, además de que vuelva a implementarse la Ley del 2×1.
