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Interponen un amparo al Gobierno porteño para que remueva el asbesto de los edificios públicos

Solicitan a las autoridades de la Ciudad que implementen políticas públicas de descontaminación. 

El Observatorio de Derecho de la Ciudad, junto con miembros de la comunidad educativa del colegio Lenguas Vivas y empleados del Hospital Durand, presentaron un recurso de amparo colectivo para pedirle al gobierno porteño que lleve a cabo una política de descontaminación de asbesto en los edificios públicos de la Capital Federal.

«Solicitamos a la Justicia que ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires crear una política pública de descontaminación de Asbesto/Amianto en los edificios públicos porteños e implemente un relevamiento exhaustivo, un plan y cronograma de remoción y reemplazo de materiales e instalaciones con asbesto», sostuvo la asociación civil Observatorio de Derecho de la Ciudad mediante un comunicado.

Quienes iniciaron el amparo exigen ademas, «un plan de contingencia y de seguridad, de control, acceso a la información pública y participación en cada etapa de esa política a través de una Mesa Multisectorial y un Protocolo de Salud para su seguimiento». La medida legal fue interpuesta ante la justicia porteña, la causa fue caratulada con el nombre: «Koutsovitis, María Eva y otros c/ GCBA s/ Amparo – Ambiental» y está radicada en el juzgado de primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Número 14, a cargo del Juez Fastman.

El documento presentado indicó que «el Gobierno de la Ciudad tuvo un desmanejo muy grave en relación con el asbesto» y además nombró las distintas acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo porteño respecto a ese producto en zonas públicas y subterráneos. Acorde con lo establecido en el escrito, el año pasado se «intentó remover una caldera con amianto en la escuela primaria Número 8, Carlos Della Penna, en plena época lectiva».

Por otra parte, los denunciantes hicieron hincapíe en que «en el año 2011 el entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri, compró coches del subte con asbesto y los trabajadores se enteraron de su presencia en febrero de 2018 en base a noticias de casos españoles, además de que once trabajadores se enfermaron producto de trabajar en un ambiente con este tóxico».

Para concluir, los integrantes del pedido colectivo manifestaron que el gobierno porteño «removió otra caldera con asbesto en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas sin dar intervención a la Agencia de Protección Ambiental y sin informar a la comunidad educativa, lo que generó severos conflictos».

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