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La solicitud del proyecto de prórroga de la Emergencia Alimentaria podría costar 10 millones de pesos

Aunque se aclaró que esto no aumentaría el déficit.

Foto: Noticias Argentinas

La solicitud de emergencia alimentaria desembocó muchísimos efectos secundarios que fueron ineludibles ante la vista de los argentinos, desde hace varios días se está en protesta constate en pro a este pedido y son muchísimos los dirigentes políticos que han señalado a diestra y siniestra a los posibles responsables de esta crisis.

Esta solicitud del proyecto de prórroga de la emergencia alimentaria hasta el año 2022, dará como resultado un desembolso similar a los 8 mil o 10 mil millones de pesos, aunque según información suministrada por Noticias Argentinas, al realizarse por reasignaciones de partidas, no ocasionarán un aumento del déficit por nuevos gastos.

Este proyecto establece un «incremento de emergencia» como mínimo del 50 por ciento «de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición». En base a un informe realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, el crédito vigente al 31 de agosto de este año es de 20.977 millones de pesos, por lo que el aumento del 50 por ciento sería de 10.489 millones.


Sin embargo, las cifras varían según el cálculo que realizaron los diputados de distintos bloques y algunos estiman que para el momento de promulgación de la ley (mientras se continúan ejecutando las partidas) el desembolso podría rondar los 8 mil millones de pesos, según notificó Noticias Argentinas la tarde de este jueves.

De cualquier forma, lo que destacaron tanto en el oficialismo como en la oposición es que al establecer en el proyecto que el Poder Ejecutivo podrá realizar «reestructuraciones presupuestarias» para ese desembolso, y de tal manera no se cree un nuevo gasto. Al tiempo que subrayó el diputado del bloque Justicialista diciendo que «No hay incremento del déficit«.

Cabe destacar, que el proyecto también faculta a la Jefatura de Gabinete «a partir del 1 de enero del año 2020, y hasta que dure la emergencia» para «actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición» y que la actualización deberá tomar como guía «el aumento de la variación porcentual del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria», que realiza el INDEC .

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