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Dirigentes del Gobierno de Mauricio Macri en tela de juicio

Entre las acusaciones están el abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público.

Guillermo Dietrich, ministro de transporte, y Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional, fueron imputados por el fiscal Eduardo Taiano, tras anomalías en asuntos de contrataciones y licitaciones. La justicia Argentina está sobre algunos funcionarios de la administración del gobierno de Mauricio Macri.

Las acusaciones se tratan de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública, mal desempeño, violación de los deberes del funcionario público y falsedad ideológica. El proceso comenzó en el juzgado de Sebastián Casanello y se vió impulsado por las acciones del fiscal.

La ampliación de los contratos de concesión de rutas nacionales, es considerada irregular por Taiano. La denuncia desencadenante la realizó el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, motivo por el que la fiscalía inició la investigación legal. Entre tanto, los contratos de cobro de peajes y certificados de obra por el valor de unos 30.000 millones caducaron y aún así el gobierno dio paso a empresas para seguir realizando estás actividades.

El hecho se desarrolló sin la realización de una nueva licitación, cómo es indicado por la ley. Por su parte, Angelo Calcaterra es propietario de Lecsa, una de las empresas habilitadas por el gobierno para el cobro de peaje. En cuanto a inconsistencias en concesiones de peajes, hay otra investigación en curso para Cambiemos.

También existe una habilitación de prórroga sin la licitación requerida, Panamericana y Acceso Oeste están involucrados. El encargado en este caso es Rodolfo Canicoba Corral quien demanda determinar las condiciones en que el grupo Socma adquirió utilidades por los aumentos de tarifas y la venta de acciones a nombre de Ausol SA.

Tras levantar la demanda presentada ante el CIADI contra el estado, esta firma se benefició con USD 500 millones. Dinero que fue pagado por la administración pública sin tratado o litigio alguno, disminuyendo los inconvenientes del gobierno, según informó el diario El Intransigente.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial llevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (CSJN) la investigación por la deuda del Correo Argentino SA. Dónde se investigan irregularidades con las negociaciones en el pago de deudas de dicha organización con el Estado.

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