Habrá multas de hasta $200 millones para quienes no cumplan los acuerdos

El Gobierno publicó este lunes el Decreto de Necesidad y Urgencia en donde se establece el nuevo régimen de Lealtad Comercial que prevé desde multas de hasta $200 millones hasta la clausura por 30 días de los establecimientos de quienes no cumplan con el acuerdo de precios convenido con 16 compañías que fabrican los 64 productos de primera necesidad que integran el paquete de precios congelados, que no aumentarán hasta noviembre.

Esta resolución modifica la normativa que estaba vigente desde la última dictadura militar y tiene 77 artículos, agrupados bajo ocho secciones. El primero se refiere a la «competencia desleal» y el cuarto indica que se aplicará la ley «en cualquier acto de competencia desleal, realizado antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse».

Por otro lado, en el artículo ocho se determina que para identificar un acto de competencia desleal «no será necesario acreditar la generación de un daño, pudiendo éste ser actual o potencial». Entre los actos de competencia desleal explicados en el artículo 10, sobresalen los casos en los que haya «engaño» o «confusión» respecto a la fabricación, naturaleza, origen o distribución de los productos y servicios.

Asimismo se especifica que se castigarán también la venta por debajo del precio de adquisición o fabricación para eliminar u obstaculizar a un competidor y las situaciones en las que se produzcan violaciones de normas o se que se saquen ventajas a la competencia por este tipo de maniobras.

Según reportó el Diario Nacional El Intransigente, con esta iniciativa se busca proteger a las Pymes, objetivo por el cual se estableció un inciso D que se refiere de los casos de «Abuso de situación de dependencia económica», en las situaciones en las que se busque «explotar la situación de dependencia económica en que pueda encontrarse una empresa cliente o proveedora» y se le pidan descuentos o condiciones «adicionales que no se conceden a compradores similares».

Mientras tanto, el punto E se refiere a la «obtención indebida de condiciones comerciales» e indica que se considerará desleal «la obtención, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, de precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones no recogidas en el acuerdo pactado o sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales».

El DNU fija un nuevo procedimiento administrativo para la resolución de los conflictos y establece fuertes multas para quienes no cumplan con los parámetros que determina la nueva ley. Entre las sanciones que prevé fija una multa de hasta 10 millones de unidades móviles ($ 200 millones de pesos) cuyo valor se actualiza por el Indice de Precios al Consumidor y la clausura del establecimiento por un plazo de hasta 30 días.

Sanciona además con la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado por hasta cinco años, la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales y la clausura de hasta 30 días.

El Civico

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